Para Luis Carlos López, coordinador del Parque Nacional Los Haitises, una de las principales
necesidades es aumentar la cantidad de guardaparques y personal de vigilancia, además de
fortalecer la logística para enfrentar los delitos ambientales.
También considera necesario elevar los requisitos para quienes integran los organismos de
protección ambiental, con el propósito de evitar vínculos indebidos entre las autoridades y los
agricultores.
“Tenemos pocos militares y hay muchos guardias corrompidos; ese es el problema del por qué
no se ha acabado el conuquismo”, lamenta.
En Loma Quita Espuela, la prioridad es reforzar la vigilancia con tecnología, aumentar el
personal técnico y resolver de forma definitiva los conflictos por la tenencia de la tierra
mediante compensaciones económicas, plantea Víctor Almánzar, pasado director de la fundación.
Un análisis del Global Nature Watch determinó que la República Dominicana perdió
alrededor de
27,000 hectáreas de bosque húmedo primario entre 2002 y el 2025, decreciendo en un 9 % y
representando un 7 % de la cobertura arbórea total del país en ese período. La agricultura
intensiva fue la causante del 73.7 % de estas pérdidas, mientras que los asentamientos y las
infraestructuras del 4.1 %.
El Ministerio de Medio Ambiente reconoce que los asentamientos agrícolas constituyen la
principal amenaza para los bosques húmedos, al fragmentar las poblaciones de flora y fauna,
reducir el flujo genético y acelerar la extinción.
Pese a ello, no está clara la estrategia oficial para frenar la expansión de los asentamientos
ni el monitoreo a las especies amenazadas. La institución tampoco informó cuántos agricultores
permanecen en áreas protegidas, cuántos han sido reubicados, cómo fueron compensados ni cuáles
medidas se toman para evitar su regreso.
Frente a ese escenario, la Evaluación Nacional de los Ecosistemas en República Dominicana,
publicada este 2026 por el Consorcio Ambiental Dominicano junto con otras organizaciones,
recomienda fortalecer el ordenamiento territorial y la vigilancia para frenar asentamientos y
conflictos por el uso de la tierra, además de impulsar la economía circular y la gobernanza
participativa, ante la alta presión que enfrentan los bosques húmedos.